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En estos casos, se debe evaluar cada solicitud de extradición de forma person y seguir los procedimientos establecidos en la legislación nacional y internacional aplicable.

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Si un ciudadano de uno de estos países comete un delito en España, las autoridades españolas pueden procesarlo y condenarlo en España, pero no pueden extraditarlo a su país de origen.

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- China: Este país no tiene tratado de extradición con España desde 1989. El gobierno español ha intentado negociar un acuerdo con China en varias ocasiones, pero hasta la fecha no ha sido posible.

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Actualmente, España tiene convenios bilaterales de extradición con 36 países, aunque también puede solicitarla a sus socios de la Unión Europea a través de las llamadas euroórdenes, incluyendo a Reino Unido.

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Con este escenario, se puede plantear la duda de por qué Rubiales no ha sido enviado de inmediato a España para proseguir la investigación y la respuesta es que República Dominicana no tiene acuerdo de extradición con nuestro país, lo que es lo mismo, España no puede exigir al país caribeño que mande a Rubiales para ser juzgado por nuestro país y, para ello, tendría que haber un acuerdo diplomático que no está sujeto a ningún plazo.

¿La existencia de conflictos políticos puede afectar el procesamiento de las solicitudes de extradición entre España y países sin acuerdos de extradición?

Otra opción lawful que España podría usar en estos casos es iniciar un proceso de solicitud de extradición a través de la vía diplomática. A pesar de la falta de un acuerdo official, España podría presentar pruebas y argumentos convincentes al país en cuestión para persuadirlo de que entregue al infractor. Esta opción puede ser más compleja y discrecional, pero no está completamente descartada.

Este tipo de consideraciones pueden influir en la decisión final, independientemente de la existencia de acuerdos bilaterales o multilaterales de extradición.

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Sin embargo, amplias zonas del continente asiático siguen siendo refugios seguros para los fugitivos españoles, aunque en algunos casos, como el de Tailandia, el país puede decretar su expulsión unilateralmente o penas de cárcel aún más duras.

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